Divinas Presas

México es un país lleno de culturas, un mosaico en donde varios colores se mezclan y denotan la verdadera belleza de nuestra gente; sin embargo, por más abolido que sea -según la historia- el sistema de castas, podemos aún ver como existe una escala racial que discrimina y otorga ventajas y desventajas según los colores de la piel. De acuerdo con el Segundo Conteo del INEGI (2005) la población hablante de alguna lengua indígena es 6 011 202 personas, de las cuales 2 959 064 son hombres y 3 052 138 mujeres, pero las cifras se están reduciendo año con año.
En el 2003, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, decretó la creación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, esta ley establece que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen. Así mismo la ley indica que todo hablante de lenguas indígenas debe tener un traductor en su misma lengua en caso de algún incumplimiento de la ley. Sin embargo la mayoría de los indígenas presos no tuvieron acceso a ningún tipo de traductor al ser procesados, la mayoría de ellos están dentro por algún delito que no cometieron.
El 52% de las mujeres indígenas presas están cumpliendo sentencias por delitos contra la salud, cabe mencionar que estas sentencias son mucho mayores a las que les son otorgadas por lo mismo a los hombres. Por lo general estos delitos son referentes a la venta de drogas, pero según Rosalba Aída Hernández Castillo, del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), las mujeres presas por este delito son el último eslabón en la cadena del narcotráfico y son ellas las que están pagando las consecuencias de lo que otros hacen.
Es importante mencionar que es evidente el problema de género ya que la población femenina es más vulnerable, puesto que mientras un 70 por ciento de los hombres son visitados, apenas un 40 por ciento de las acusadas reciben visitas. Las mujeres presas sufren por racismo, machismo y violencia institucional y muchas de ellas recibieron algún tipo de violencia de sus familiares antes de estar presas. La mayoría de las mujeres presas de origen indígena no conocen el motivo de su encarcelamiento y no se les permite el acercamiento con alguna manera de comunicación de sus derechos y garantías individuales.
Han sido millones los casos y son pocos los que han llamado la atención de la población mexicana, injusticias como las de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio (acusadas por el supuesto secuestro de seis agentes de la AFI), Honoria Morales (de origen náhuatl quien aun desconoce el motivo de su encierro), entre otras, son pocos de los ejemplos que salen a la luz. Es obvio que el gobierno no ha sido capaz de procesar a los verdaderos delincuentes y dejar atrás cualquier tipo de estigmatización que existe hacia el género femenino, pero claramente no sólo por eso son víctimas fáciles de injusticias, sino por ser además pobres e indígenas.